Fecha de hoy14 noviembre, 2024

EE.UU. accede a liberar a Alex Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, en un acuerdo con el gobierno de Venezuela

Estados Unidos habría acordado liberar al empresario colombiano Alex Saab, vinculado al presidente Nicolás Maduro, a cambio de la liberación de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según tres fuentes oficiales y exfuncionarios estadounidenses informaron a la cadena CBS.

Según reportes de Reuters, el acuerdo establece que el gobierno venezolano liberará a un total de 36 personas, incluyendo 12 ciudadanos estadounidenses. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, al ser consultado sobre el tema, expresó que esperaba “buenas noticias” respecto a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Alex Saab, extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2021, enfrenta cargos de conspiración para blanquear dinero. Su detención ha sido un tema polémico, ya que el gobierno venezolano sostiene que fue arrestado injustamente a petición de Estados Unidos en 2020.

La Fiscalía estadounidense acusa a Saab de desviar aproximadamente $350 millones de Venezuela a través de Estados Unidos, involucrando sobornos a funcionarios venezolanos.

De acuerdo con Reuters, entre los venezolanos a liberar se encuentran 20 personas que han estado encarceladas durante un período considerable, y otros cuatro arrestados recientemente, vinculados a la organización de elecciones primarias de la oposición o la campaña de la candidata opositora, María Corina Machado.

En octubre, EE. UU. y el gobierno de Maduro alcanzaron un acuerdo en Barbados, mediado por Noruega, que buscaba una flexibilización de las sanciones a Venezuela a cambio de garantías para elecciones presidenciales justas en 2024. Las condiciones incluían la liberación de “presos políticos” venezolanos y estadounidenses detenidos arbitrariamente, además de la retirada de inhabilitaciones administrativas que impedían a los opositores postularse a cargos electivos. Ante la demora venezolana, Estados Unidos había establecido el 30 de noviembre como fecha límite, amenazando con reimponer sanciones.

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