Más de 200 de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala retomaron el control del Congreso del país centroamericano, después de que fuera invadido a la fuerza por veteranos militares que exigen una compensación económica por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996).
Los policías lanzaron bombas con gas lacrimógeno a los manifestantes en los sectores aledaños al Congreso, hasta conseguir frenar el caos continúa en las instalaciones del Parlamento y sus calles aledañas, en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala.
Los militares ingresaron pasado el mediodía a través del parqueo de las instalaciones del Organismo Legislativo, y entraron a algunas oficinas del lugar, donde quemaron algunas oficinas y al menos cinco vehículos.
Legisladores abandonaron instalaciones
La PNC logró que más de 100 trabajadores y diputados del Congreso abandonaran las instalaciones por salidas alternas, incluso el techo, pero varios sectores criticaron en redes sociales el lento actuar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
“La situación es complicada, porque nos tienen retenidos”, dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a medios locales aún dentro del hemiciclo, donde se encontraba por una citación.
También, el diputado Luis Fernando Pineda pidió “ayuda” en sus redes sociales, al señalar que los exmilitares tenían machetes y piedras y consiguieron ingresar al derribar el portón de hierro del estacionamiento del Palacio Legislativo.
“Corrimos para subirnos a las patrullas y salir de ahí por la novena avenida. Todos estamos conmocionados. Los exmilitares están demasiado violentos, están con machetes y piedras, amenazantes. Quemaron mi oficina y destruyeron carros y otros despachos cerca del parqueo”, relató a Efe el diputado de Movimiento Semilla Luis Fernando Pineda Lemus, segundos después de haber sido evacuado.
Los excombatientes del conflicto armado interno se habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de 120.000 quetzales (15 mil 500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.
La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.
La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250 mil muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.
Con información de medios internacionales
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