La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las dos primeras leyes del Plan B de la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión de este lunes, la votación en el pleno de la Corte quedó nueve votos a favor de invalidarla y dos en contra.
Los ministros que votaron a favor de invalidar el Plan B fueron: Alberto Pérez Dayán; Margarita Ríos; Juan Luis González Alcántara; Luis María Aguilar; Arturo Zaldívar; Alfredo Gutiérrez; Jorge Mario Pardo; Javier Laynez y Norma Piña. Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron por la legalidad de la reforma.
Al inicio de la sesión, los ministros desecharon una solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia que pretendía impedir que el ministro Alberto Pérez Dayán participara en la discusión.
Los ministros resolvieron que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, por lo que declararon la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
A pocas horas de la sesión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
La decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen “el principio de deliberación informada y democrática”.
“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara”, indicó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, coincidió en que “se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida”.
Este es el primer revés de la Suprema Corte al “plan B” de López Obrador, como se llama al nuevo paquete de reformas legales que López Obrador propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE.
En su totalidad, la reforma recorta 3 mil 500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, según un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el Plan B.
Con información de EFE
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