El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Pedro Castillo, mientras es indagado por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Castillo permanece recluido en la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Dinoes).
En audiencia, convocada para el miércoles y aplazada a este jueves, la Fiscalía y la defensa de Castillo expusieron sus argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley sobre si hay motivos para que el mandatario se mantuviera en prisión preventiva.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita ante el juez fue asumida por un abogado de oficio. El abogado acreditado del exgobernante, Ronald Atencio, explicó que no participa en la audiencia porque considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento contra Castillo se sigue tras una destitución que incumple las leyes.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo.
Agregó que entre los daños al Estado deben contemplarse los efectos del mensaje del exmandatario, “las preocupantes consecuencias del intento de golpe”, así como las protestas violentas sobrevenidas tras su destitución.
El abogado de oficio que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de Fiscalía porque ya no es presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del canciller de México no implica que Castillo lo haya pedido.
La decisión sobre el estatus de Castillo coincide con la declaratoria de emergencia nacional decretada el miércoles por el gobierno de Dina Boluarte. Ante el incremento de las protestas sociales derivadas de la crisis política peruana, quedaron suspendidos por 30 días los derechos fundamentales de los ciudadanos y se movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.
Una semana de protestas suma nueve muertos y cientos de heridos. Cinco de los fallecidos son de la ciudad andina de Andahuaylas donde las protestas exigen nuevas elecciones. Esa población amaneció el jueves con policías armados de fusiles resguardando la sede policial.
Con información de AP
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