La Academia Internacional de Capacitación Policial que se construirá en Querétaro no cuenta con autorización del Gobierno federal ni ha pasado por la revisión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de este martes 6 de octubre, Sheinbaum explicó que los gobiernos estatales deben seguir un procedimiento cuando buscan cooperación internacional en materia de seguridad.

Detalló que las solicitudes deben ser revisadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, antes de establecer proyectos con instituciones de otros países.

La presidenta recordó que la Constitución establece que corresponde al Gobierno federal dirigir la política exterior y que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

“Cuando se trata del tema de seguridad, hay un procedimiento”, afirmó.

Sheinbaum informó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se registraron nueve proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos.

De estos, ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con un monto de 4.6 millones de pesos.

Sin embargo, precisó que la Academia Internacional de Capacitación Policial no aparece entre los proyectos que cuentan con autorización.

“¿No se cuenta con una autorización como tal esta academia? No, ni ha pasado por el grupo de alto nivel”, dijo la presidenta.

La primera piedra de la academia fue colocada el pasado 2 de octubre en el complejo Rhino, instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro.

El acto fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González y contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El proyecto contempla capacitación policial y cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos.

La presidenta señaló que la cooperación internacional en materia de seguridad puede continuar, pero debe ajustarse a los procedimientos previstos en la legislación mexicana.