Perfila 18 mil 572 denuncias por registros con firmas y domicilios falsos; “se está haciendo una revisión técnica para garantizar confiabilidad en la lista nominal”, responde a declaraciones del Presidente
El consejero Arturo Castillo, encargado de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, mencionó que es posible aclarar algunos de los 39 mil 724 casos de registros cancelados.
En respuesta a los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INE aclaró que no está cometiendo fraude ni restringiendo el voto de migrantes, sino que está investigando posibles delitos para garantizar la integridad de la lista electoral.
Castillo enfatizó que se están preparando alrededor de 18 mil denuncias no contra los ciudadanos, sino contra aquellos que resulten responsables de actividades irregulares, como el uso indebido de copias de credenciales de elector.
Se revisaron 42 mil 436 de las 226 mil solicitudes para votar desde el exterior, de las cuales 40 mil 733 se realizaron con credenciales mexicanas y solo mil 703 desde el extranjero. Se detectaron 39 mil 724 registros con inconsistencias, de los cuales 33 mil 109 eran inscripciones por internet.
La mayoría de las irregularidades se relacionan con firmas ilegibles o simplemente con copias de credenciales en lugar de firmas autógrafas. Se encontraron también 861 problemas con comprobantes de domicilio, en su mayoría falsos o de empresas inexistentes.
El director del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, informó que se identificaron más de 14 mil casos de registros desde las mismas direcciones IP y 10 mil 177 coincidencias de códigos postales. Además, se realizaron más de 5 mil visitas domiciliarias para verificar la autenticidad de los registros.
El INE tiene hasta el 30 de abril para aprobar la Lista Nominal de Electores con la posibilidad de realizar ajustes después del 5 de mayo, fecha límite para aclarar los registros negados.
Hasta el momento, mil personas han contactado al INE para aclarar sus casos, y se están haciendo esfuerzos para mejorar la eficiencia en la atención a los afectados.
Consejeros y representantes de partidos han pedido un informe detallado sobre las irregularidades detectadas, solicitando transparencia en la metodología utilizada para cancelar los registros.
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