La ley contempla detenciones, deportaciones y encarcelamientos de hasta 20 años a cualquier extranjero que haya entrado de manera irregular a Texas por la frontera entre México y Estados Unidos.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha suspendido de manera indefinida la implementación de la ley texana SB4, la cual otorgaba autoridad a las fuerzas policiales estatales y locales para detener y deportar a México a cualquier individuo sospechoso de cruzar la frontera sur ilegalmente.
El magistrado conservador Samuel Alito dictaminó que la suspensión emitida el 4 de marzo de 2024 se extienda indefinidamente, pendiente de una decisión adicional de la Corte Suprema. Alito había puesto temporalmente en pausa la entrada en vigor de esta legislación promulgada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un día antes de su implementación el 5 de marzo, con un plazo para una decisión adicional que vencía ayer.
Minutos después de la expiración de este plazo, la Corte Suprema emitió una orden de dos párrafos suspendiendo la legislación por tiempo indefinido, lo que fue visto como un revés para Abbott en su disputa legal con el gobierno federal.
Aunque técnicamente la SB4 estuvo en vigencia por menos de cinco minutos, no se reportaron arrestos durante el breve periodo entre el plazo establecido por Alito y su decisión de suspensión indefinida.
La administración Biden demandó a Abbott en enero después de que este último se negara a cumplir con la exigencia de suspender la aplicación de la ley. Abbott buscaba que el caso fuera revisado por la Corte Suprema, con la esperanza de que los magistrados conservadores respaldaran la política de “autodefensa” de Texas.
Con esta decisión judicial, se reducen las posibilidades de que la SB4 entre en vigor, incluso si el proceso sobre su constitucionalidad continúa, de manera similar a lo que ocurrió hace más de una década con la ley SB1070 de la exgobernadora republicana Jan Brewer.
La American Civil Liberties Union (ACLU) de Texas, que acompañó la demanda del Departamento de Justicia, celebró el fallo del juez y afirmó que seguirá luchando hasta que la ley antiinmigrante sea revocada.
El abogado migratorio Rafael Borrás opinó que la decisión de Alito es justa desde el punto de vista legal, ya que suspende la implementación hasta que se tome una decisión definitiva sobre una legislación con un gran impacto.
La SB4 autoriza a las fuerzas policiales de Texas a deportar a presuntos migrantes sin respetar el debido proceso, y crea nuevos delitos estatales relacionados con la migración, con cargos que van desde delitos menores hasta graves, así como sentencias de hasta 20 años de prisión para migrantes reincidentes. Además, otorga a los jueces estatales la capacidad de ordenar la expulsión de Estados Unidos.
Expertos en derecho internacional advierten que esta legislación podría generar disputas legales con el gobierno de México, ya que permitiría a las autoridades estatales enviar a miles de personas al sur de la frontera sin considerar su estatus migratorio o nacionalidad.
Antes de la promulgación de la ley, el gobierno mexicano expresó su preocupación por el impacto en los derechos humanos de los millones de mexicanos que residen en Texas.
La demanda original del Departamento de Justicia argumentó que la SB4 era claramente inconstitucional, ya que los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco establecido por el Congreso, según la Cláusula de Supremacía de la Constitución y el precedente de la Corte Suprema.
La disputa legal entre el gobierno de Biden y el de Abbott continúa, en particular debido a la decisión de Abbott de ocupar la zona del parque Shelby, cercana a México, y prohibir el acceso de agentes de la Patrulla Fronteriza para realizar tareas de aplicación de la ley.
Cancillería mexicana celebra decisión de la Corte Suprema
Después del anuncio, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a pesar de que esta se centró en el respeto a las acciones correspondientes a las fuerzas federales y no a las de Texas.
“La SRE rechaza cualquier intento de criminalizar la migración, separar familias, discriminar o llevar a cabo el perfilamiento racial que viola los derechos humanos de las personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores seguirá protegiendo los derechos consulares de los mexicanos, independientemente de su ubicación”, comunicó la SRE a través de su cuenta oficial en Twitter.
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