INE no puede obligar a Cuitláhuac a cumplir con voto en prisión preventiva; presos pueden tramitar juicios ante TEPJF por impedir su derecho humano al voto.
Las deficiencias en la infraestructura y la falta de seguridad en los centros penitenciarios del país son los únicos obstáculos que podrían impedir que las Personas en Prisión Preventiva ejerzan su derecho a votar en las elecciones presidenciales de 2024. De lo contrario, los reclusos podrían iniciar procesos legales para revertir las negativas de sus autoridades. Hasta ahora, solo Veracruz y Yucatán no han cumplido con esta disposición, debido a diferentes razones.
Según un informe del Instituto Nacional Electoral, de los 274 penales federales y estatales en el país, 12 están completamente excluidos del proceso electoral, 13 en Zacatecas están pendientes de definición y el resto está en análisis para garantizar la seguridad del personal electoral. Las cifras han variado en cada informe, pero actualmente se consideran 249 penales donde podría llevarse a cabo la votación, además de algunos en Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo para cargos locales.
Una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2019 estableció que las personas sin sentencia conservan sus derechos políticos y electorales. Sin embargo, la coordinación entre el INE y las autoridades es crucial, y solo se puede evitar la votación en aquellos centros donde existan riesgos de seguridad o problemas de infraestructura.
Recientemente, la negativa del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha generado controversia. García expresó preocupación por permitir que reclusos, incluidos aquellos con alta peligrosidad, ejerzan su voto, lo que ha suscitado dudas sobre las consecuencias de su resistencia.
¿Qué dice la ley sobre prohibir el voto en prisión preventiva?
Según los términos de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede forzar al gobernador de Veracruz ni a ningún otro estado a permitir el voto en prisión preventiva. Sin embargo, el INE tiene la obligación de solicitar un documento oficial que explique las razones detrás de la restricción del derecho humano al voto para los ciudadanos veracruzanos sin sentencia, contraviniendo lo establecido en la Constitución.
El consejero Martín Faz, quien preside la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, explicó que el gobernador debe fundamentar por escrito las razones de su negativa para permitir que las personas en prisión preventiva, que aún conservan el derecho humano a votar y elegir a sus representantes, ejerzan ese derecho.
El INE no puede intervenir en un centro penitenciario sin la autorización de las autoridades locales. Dependiendo de la respuesta oficial que reciban, si se argumentan razones de seguridad, el INE no podrá actuar. Sin embargo, el INE ha buscado siempre ampliar los derechos, y aunque se haya conseguido firmar convenios con varios gobiernos estatales, la negativa a permitir el voto en prisión sigue siendo una deuda del Estado mexicano con los derechos de los internos.
En Yucatán, gobernado por el panista Mauricio Vila, también hay dificultades para implementar el voto en prisión, pero se espera la firma de un convenio tras varias reuniones.
Aunque la población en prisión preventiva varía constantemente, el Estado de México parece tener la mayor cantidad de personas aptas para votar, seguido de la Ciudad de México, los centros federales, Baja California y Veracruz, donde la negativa del gobernador podría afectar a cerca de cinco mil personas.
La única manera de avanzar en este proceso, a pesar de la negativa del gobernador, es que las Personas en Prisión Preventiva en Veracruz inicien acciones legales ante el TEPJF para exigir el ejercicio de sus derechos electorales.
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