Este lunes, el Gobierno de México expresó su desaprobación ante la decisión del Poder Judicial de liberar a ocho militares que estaban detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, en 2014.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación anunció que solicitará a través de la Fiscalía General de la República la emisión de nuevas órdenes de aprehensión contra estos militares y que se agoten todas las líneas de investigación del caso. La liberación de los ocho militares para enfrentar sus procesos en libertad fue determinada por una jueza de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, siguiendo una orden de tres magistrados de un tribunal colegiado del mismo fuero.
La Secretaría de Gobernación, en su declaración, alega que el Poder Judicial de la Federación no ha priorizado la búsqueda de justicia ni la revelación de la verdad en este caso, y que ahora aparentemente recurre a formalidades procesales para eludir el principio de justicia. Además, sostiene que la liberación de los ocho militares podría tener la intención deliberada de respaldar la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército, socavando así la reputación de una institución crucial del Estado y perjudicando el compromiso del presidente de esclarecer la verdad. Todo esto, según la Secretaría, por razones estrictamente políticas.
Cabe mencionar que en junio pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había informado sobre el auto de formal prisión dictado contra ocho de los 16 militares acusados de desaparición forzada de los 43 estudiantes. Según la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) del caso Ayotzinapa, los militares acusados podrán continuar el proceso en libertad cumpliendo con ciertas medidas cautelares.
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