Hasta julio de este año, había 93 mil 928 presos que llevan su juicio dentro de una cárcel, de los cuales el 14 por ciento se encuentra en los Ceferesos, mientras que el 86 por ciento restante se ubica en las prisiones estatales.
Las coaliciones políticas deben tener en cuenta, en sus estrategias electorales para el próximo año, a un grupo de individuos que podría tener un impacto significativo en el número de votos, superando incluso a algunos de los sindicatos más grandes del país, como el petrolero, el ferrocarrilero, el de la UNAM o el del ISSSTE.
Este grupo está compuesto por casi 94 mil personas privadas de libertad sin sentencia, quienes tendrán la oportunidad de votar por primera vez en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, individuos acusados de delitos graves, como el narcotraficante Héctor El Güero Palma, el ex alcalde Christian Von Roehrich de la Benito Juárez, o el implicado en el caso Florence Cassez, Israel Vallarta, podrán participar en las boletas que serán distribuidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en los 270 centros penitenciarios locales y 14 federales en todo el país.
Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta julio pasado, había 93,928 personas en prisión que estaban siendo juzgadas, de las cuales el 14% se encontraba en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), mientras que el 86% restante estaba distribuido en prisiones estatales.
Esta cifra supera el número de afiliados a sindicatos importantes como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con 88,444 miembros y casi duplica los 50,632 integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Además, es mayor que los 70,624 afiliados al Sindicato de Trabajadores del ISSSTE y casi cuadruplica los 26,600 miembros del sindicato de la UNAM.
Para permitir que las personas privadas de libertad voten, se llevará a cabo un proceso entre la SSPC y el INE. Este proceso incluirá la integración de los datos de las personas en proceso judicial a la Lista Nominal, y los reclusos notificarán su intención de votar mediante correo electrónico. Además, el INE implementará un modelo de voto anticipado entre el 6 y el 20 de mayo de 2024 en aquellos centros penitenciarios que cumplan con las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias.
A pesar de los desafíos logísticos de organizar elecciones dentro de las cárceles federales y estatales, algunos expertos confían en la capacidad del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta tarea. Consideran que es una medida positiva y que, a pesar de las imperfecciones en el sistema de justicia, es importante garantizar el derecho al voto de las personas sin sentencia.
En caso de que todos los presos sin sentencia emitan su voto en las elecciones de 2024, el INE deberá concentrar sus esfuerzos en entidades federativas con altos índices de población en prisión preventiva, como el Estado de México, Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Puebla, donde se encuentra el 45.4% del total de presos sin sentencia en el país.
Estados con más reclusos en posibilidad de votar
Estado de México: 11 mil 437
Jalisco: 8 mil 319
Baja California: 6 mil 578
Ciudad de México: 7 mil 22
Veracruz: 4 mil 936
Puebla: 4 mil 436
Subtotal: 43 mil 723 (equivale a 45.4 por ciento del total nacional).
Fuente: SSPC
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