Fecha de hoy24 noviembre, 2024

Jueza frena por tiempo indefinido extinción de fideicomisos del Poder Judicial

La resolución ordena que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos.

Una jueza federal ha detenido de manera indefinida la extinción de 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF) y la transferencia de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Elizabeth Trejo Galán, jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha otorgado una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed), que cuestionó el Decreto legislativo que ordena la supresión de los fideicomisos. La medida cautelar tiene efectos generales y permanecerá vigente hasta que se resuelva el amparo de manera definitiva.

La resolución impide la extinción de los 13 fideicomisos y la transferencia de fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Tesorería de la Federación.

Jueza frena por tiempo indefinido extinción de fideicomisos del PJF

Dado que el decreto afecta a toda la estructura del Consejo de la Judicatura, la jueza emitió un acuerdo con efectos generales, lo que significa que los fondos de los fideicomisos seguirán utilizándose para cumplir con sus objetivos originales hasta que se dicte la sentencia final.

Este litigio ha generado controversia, ya que los magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México solicitaron a la Corte que ejerciera su facultad de atracción.

Consideraron que el asunto debe ser revisado por el Alto Tribunal debido a su importancia y trascendencia, ya que la extinción de diversos fideicomisos podría afectar o no los derechos adquiridos en el desempeño de sus funciones, lo que evidencia un posible riesgo de pérdida de imparcialidad.

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