Un acuerdo de comprensión rubricado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Albania, Edi Rama, allana el camino para que Italia edifique instalaciones de detención de migrantes en Albania en la primavera de 2024, como anunciaron en una conferencia de prensa conjunta celebrada el lunes en Roma.
Los centros serán construidos en los puertos albaneses de Shengjin y Gjader y, según Meloni, cumplirán plenamente con las normativas de la Unión Europea y el derecho internacional, tal como lo afirmó durante la rueda de prensa.
Uno de los centros se destinará al desembarco y procesamiento de migrantes rescatados por embarcaciones en el mar, mientras que el segundo acogerá a aquellos migrantes que reúnan los requisitos para solicitar asilo en la Unión Europea. No se ha especificado cuál será el destino de quienes no califiquen, aunque el gobierno de Meloni se ha enfocado en la deportación inmediata como una medida disuasoria. Cabe destacar que la deportación inmediata no está permitida dentro de la Unión Europea debido a los estatutos de derechos humanos que garantizan a todos los recién llegados el derecho de solicitar asilo. Dado que Albania no forma parte de la Unión Europea, dichas regulaciones no serán aplicables en este caso.
Los centros no tienen como objetivo acoger a menores, mujeres embarazadas ni a individuos en situación de vulnerabilidad, según lo expresado por Meloni. Están diseñados exclusivamente para las personas rescatadas en el mar, en lugar de aquellos que llegan directamente al continente o a las islas por su propia voluntad, lo que les permite evitar ingresar a la Unión Europea.
Estos centros permitirían a Italia eludir el acuerdo de Dublín, que establece que el país de primer arribo debe responsabilizarse de los inmigrantes y refugiados hasta que se procesen sus casos. Solo los rescates realizados por entidades italianas, como la Guardia Costera o la Armada, resultarán en el traslado de los inmigrantes a Albania. Por el momento, los barcos de organizaciones no gubernamentales (ONG) no serán dirigidos hacia Albania.
Meloni indicó que los individuos permanecerán en estos centros durante el tiempo necesario para completar los procedimientos, y una vez que estén en pleno funcionamiento, se espera un flujo anual de entre 36,000 y 39,000 personas. Italia proporcionará el personal necesario para procesar las solicitudes, mientras que Albania se encargará de proporcionar la policía para seguridad y vigilancia.
El primer ministro Rama subrayó que, si Italia solicita la colaboración de Albania, estarán dispuestos a prestar ayuda, señalando que Albania es un Estado europeo, aunque no forme parte de la Unión Europea. Destacó que, aunque les falta la “U” de “Unión”, esto no les impide considerarse y actuar como europeos.
Grupos de derechos humanos han calificado esta medida como una suerte de “Guantánamo italiano”, y la abogada de derechos humanos Rosa Emanuela Lo Faro expresó en un tuit su disposición a luchar contra la creación de estos centros en los tribunales. Anunció: “Estamos preparando recursos legales para enfrentar este desafío, tanto en tribunales nacionales como en instancias internacionales como la Corte Suprema y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Queremos conocer las bases legales que respaldan la deportación de náufragos a Albania y cómo se establece la jurisdicción italiana en un Estado soberano extranjero”.
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