La fiscalía de Perú anunció este miércoles la detención del expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión luego de su intento fallido de disolver el parlamento y su destitución por parte del Congreso.
El Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación informó que dirigió la tarde de este miércoles la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional.
La diligencia se llevó a cabo en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.
Como parte de la diligencia, se dispuso a realizar a Pedro Castillo el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Previamente, la fiscal Benavides Vargas leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, en el que expresaron su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional y anunciaron la adopción de las acciones legales correspondientes.
Pedro Castillo Terrones fue destituido la Presidencia de la República por el pleno del Congreso de la República, horas después que anunció en un mensaje que disponía la disolución del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
En el local policial, el expresidente Pedro Castillo, vestido con casaca azul, estaba acompañado por el exjefe de gabinete Aníbal Torres, uno de sus más cercanos aliados.
La fiscalía puede solicitar a la justicia que Castillo permanezca detenido “preventivamente“, una figura que también podría afectar al exjefe de gabinete, dijo la fiscal Marita Barreto.
El delito de rebelión prevé una pena de entre 10 y 20 años.
Cabe indicar que en octubre pasado, fue denunciado por la Fiscalía de la Nación por dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno, cuya finalidad era copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.
Con información de medios internacionales
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