Presenta el diputado del PRI, Paul Ospital Carrera una reforma constitucional, con el objetivo de que todo servidor público sancionado por corrupción o faltas administrativas graves, no pueda volver a ejercer un cargo en alguna entidad pública.
La iniciativa de ley de “muerte civil”, contempla la reforma al artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, que contempla las Obligaciones de los Servidores Públicos, adicionando el párrafo: “al que haya desempeñado un cargo de servicio público, faltando a los principios que rigen el mismo y siendo sancionados por faltas administrativas graves y/o de corrupción, no podrán desempeñar ningún cargo de elección popular o por designación, en el estado de Querétaro”.
Paul Ospital resaltó que es importante definir que un servidor público es aquella persona que ejerce un empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, municipios, así como en las demarcaciones territoriales: “la “muerte civil” se habla como pena, como sanción al servidor público; sin embargo, se propone una muerte civil sancionada desde un punto administrativo o constitucional, no como la pena que se cumple por el delito”.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada en el 2019 por el INEGI, el 1.9 por ciento de la población de 18 años o más, percibió que los actos de corrupción son más frecuentes. El 83.6 por ciento manifestó que la corrupción es una práctica frecuente en los partidos políticos, seguido de los cuerpos policíacos, con el 77.6 por ciento. Además de que 11 mil habitantes por cada 100 mil, tuvieron contacto con algún acto de corrupción y 15 mil de cada 100 mil, tuvo contacto con algún servidor público y experimentó un acto de corrupción”.
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