El Congreso capitalino aprobó la “Ley Ingrid” con 58 votos a favor, la cual reformará el Código Penal de la Ciudad de México, en el que se sancionará a losservidores públicos y ciudadanos que difundan información reservada o imágenes de víctimas de forma indebida.
Los servidores o ciudadanos que violen dicho dictamen, podrían ser acreedores a una multa o de dos a seis años de prisión.
El presidente de la Comisión de Administración de Justicia, diputado por MORENA, Eduardo Santillán Pérez, aseguró que esto permitirá que no se filtren imágenes o videos de manera ilegal, con lo que se protegerá los derechos de las víctimas.
En dicho dictamen, se realizó una adición al artículo 293 Quáter, en el que se señala que:
“Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.
Dentro del dictamen, se habla de un incremento de una tercera parte de las sanciones, si la información difundida menoscaba la dignidad de las víctimas o sus familiares, si corresponden a cuerpos pertenecientes al sexo femenino o se trata de circunstancias de los fallecimientos.
En el cuerpo del decreto, se habla de la necesidad de respetar la memoria de las personas que fueron privadas de su vida, así como, de que una persona violentada o fallecida, nunca debe revictimizarse o agravarse el daño que causa su muerte.
La “Ley Ingrid”, nació tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, perpetrado por quien fuera su pareja sentimental, Francisco “N”, el pasado 9 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero.
El dictamen, fue resultado de propuestas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y diputadas de MORENA, PRD y PAN.
Con información del Congreso de la Ciudad de México
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