Mineros del municipio de Peñamiller, Querétaro, desmintieron haber tenido relación con el crimen organizado, luego de que la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA) señalara en un estudio que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría operando minas para contrabandear mercurio hacia Sudamérica.
Los trabajadores de la comunidad de La Plazuela afirmaron que la venta del mercurio sin procesar no les representa beneficios económicos y explicaron que, si bien se han instalado medidas de seguridad en algunas minas, como arcos de acceso y cámaras, estas acciones fueron motivadas por robos previos, no por control de grupos armados.
Detallaron que sujetos intentaron ingresar por la fuerza a la zona minera y que no se identificaron como representantes de ningún organismo. Aseguraron que no fueron intimidados ni amenazados por presuntos integrantes de organizaciones criminales, como afirma la EIA.
También rechazaron los señalamientos sobre participación de figuras políticas. Indicaron que la mujer mencionada en la investigación no fue diputada federal ni forma parte del PAN en la actualidad.
En relación con el empresario queretano vinculado a exportaciones de mercurio, se aclaró que sus operaciones están registradas en archivos públicos desde antes del Convenio de Minamata, que permite la comercialización hasta 2023.
En tanto, autoridades peruanas no han confirmado el decomiso de mercurio señalado por la EIA y se encuentran en proceso de verificación del material incautado.
