En Querétaro, el caso de una adolescente que fue víctima de violación ha generado una fuerte polémica. Tras haber sido violentada, la joven quedó embarazada y, según se informa, dio a luz en circunstancias que aún no están claras. Sin embargo, la Fiscalía de Querétaro ha decidido acusarla de homicidio, argumentando que el bebé no recibió atención tras el parto. Esto ha provocado una reacción de indignación en redes sociales y en organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que la adolescente no debería ser acusada de homicidio y que su situación representa una revictimización por parte de las autoridades.
Contexto Legal y Social
El caso ha abierto un debate sobre la criminalización de víctimas de abuso en México y sobre la falta de apoyo institucional hacia mujeres en situaciones vulnerables. Diversas organizaciones han señalado que la acusación de homicidio es injusta y que el sistema de justicia debe proteger a las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad. En Querétaro, las leyes sobre violencia de género y derechos de las víctimas están bajo escrutinio, y el caso pone en cuestión la manera en que se manejan estos asuntos, particularmente en lo que respecta al acompañamiento y la protección de mujeres jóvenes en situaciones extremas.
Reacciones y Declaraciones
La presidenta Claudia Sheinbaum, shabló sobre la polémica que rodea a la Fiscalía del estado de Querétaro, pues estos buscan una condena contra una menor de 14 años de edad que fue abusada y sufrió un aborto involuntario.
“Estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera” “No se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años”, comenta la presidenta Claudia Sheinbaum después de que la Fiscalía de Querétaro haya abierto carpeta contra menor por sufrir un aborto espontáneo
Numerosos colectivos feministas y defensores de los derechos humanos han exigido a la Fiscalía que retire la acusación y brinde apoyo psicológico y legal a la joven. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha solicitado una revisión detallada del caso para asegurar que se respeten los derechos de la adolescente, señalando que imponer una acusación de este tipo podría ser inconstitucional y reflejar una revictimización por parte del Estado.
Este caso está impulsando un diálogo nacional sobre la protección de las víctimas de abuso sexual en México, con énfasis en la necesidad de sistemas de justicia que no criminalicen ni revictimicen a las personas más vulnerables.
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