Previo a su aprovación, legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron 71 reservas para su discusión.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amnistía que otorga al Presidente de la República la facultad de conceder perdón a personas procesadas o sentenciadas por delitos, siempre y cuando proporcionen información relevante sobre casos importantes para el Estado mexicano, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Tras un extenso debate y enfrentamientos entre los bloques de la 4T y la oposición, la propuesta fue aprobada con 250 votos a favor y 197 en contra. Ahora se ha enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
La reforma permite que el Presidente conceda amnistía de manera directa, sin seguir el procedimiento establecido, a personas que aporten pruebas útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado. El objetivo, según el legislador morenista Antonio Madriz, es garantizar el derecho a la verdad para las víctimas afectadas por crímenes que aún no están completamente esclarecidos.
Desde el PAN, el diputado Enrique Gerardo Sosa criticó duramente la reforma, considerándola inaceptable porque permite al Presidente otorgar amnistía libremente por cualquier delito, sin ningún procedimiento formal, lo que podría llevar a un uso indebido de este poder.
Representantes del PRI y otras partes de la oposición expresaron preocupación por dar al Presidente un “cheque en blanco” para liberar a delincuentes de cualquier tipo, mientras que desde el PT se defendió la reforma como un medio para esclarecer hechos relevantes y exponer posibles irregularidades del pasado.
En resumen, la reforma amplía considerablemente las facultades del Presidente para otorgar amnistía sin seguir el procedimiento establecido, siempre y cuando los beneficiarios aporten información útil sobre casos de relevancia estatal.
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