Se observa un nuevo retroceso en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. El gobierno estadounidense inició el lunes la reinstauración de sanciones económicas contra Caracas, apenas tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.
Las primeras medidas afectan al sector minero, y según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., cualquier empresa estadounidense que realice transacciones con la compañía estatal Minerven tiene plazo hasta el 13 de febrero para “cerrar operaciones” con dicha entidad.
Esta decisión se produce tras varias advertencias de Washington a Caracas para revertir la flexibilización de sanciones que comenzó el año pasado después de los Acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana. La inhabilitación de Machado, quien fue elegida como candidata de unidad de la oposición en octubre, se había confirmado previamente en junio por la Contraloría General de Venezuela, impidiéndole postularse a cargos de elección popular durante 15 años.
El veto a Machado y Capriles, junto con el regreso de las sanciones, representa un contratiempo para una posible normalización de las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y la oposición. Además de las garantías electorales, Washington había exigido a Caracas levantar las inhabilitaciones a miembros de la oposición, suavizar restricciones y liberar a presos políticos y estadounidenses detenidos de manera injusta.
Anteriormente, como parte de este proceso, la Casa Blanca había flexibilizado algunas de las severas sanciones económicas sobre la economía venezolana, como los límites a la venta de petróleo y gas en el exterior. Sin embargo, estos avances hacia una posible normalización parecen detenerse con los recientes acontecimientos. Horas antes de la reimposición de sanciones este lunes, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que las medidas que Estados Unidos implemente dependerán de las acciones de Maduro y su gobierno, estableciendo un plazo hasta la primavera para que honren sus compromisos antes de que se tomen nuevas decisiones.
Deterioro del clima político
Este lunes, Jorge Rodríguez, líder de la delegación del Gobierno de Venezuela en las conversaciones con la oposición, advirtió que su país responderá con dureza en caso de que Estados Unidos reanude o imponga nuevas sanciones. En una conferencia de prensa, Rodríguez afirmó que cualquier acción agresiva recibirá una respuesta severa, recíproca y enérgica por parte de Venezuela.
Al mismo tiempo, María Corina Machado reafirmó su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales a pesar del veto confirmado por el Tribunal Supremo. La exdiputada liberal declaró ante los periodistas que, quiera o no Maduro, se enfrentará a ella y será derrotado en las elecciones presidenciales. Además, descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de la oposición.
En las últimas semanas, el clima político en Venezuela ha experimentado una rápida complicación. El gobierno denunció un supuesto complot para asesinar a Maduro, implicando a periodistas y activistas. Previamente, tres líderes regionales de la campaña de Machado fueron detenidos y relacionados con una presunta conspiración contra el gobierno, según la acusación del fiscal general Tarek William Saab, quien anteriormente fue diputado constituyente y gobernador chavista electo.
En medio de estas denuncias de conspiraciones que llevaron a la detención de civiles y militares, Maduro declaró el jueves que los acuerdos firmados con la oposición en Barbados en octubre de 2023 están “heridos de muerte”.
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