La reciente victoria parcial obtenida por México el lunes en la corte de apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Massachusetts, marca el primer éxito logrado por los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en los casos que han presentado para responsabilizar a los fabricantes y vendedores de armas estadounidenses por los efectos de sus productos y prácticas negligentes en la crisis de violencia en territorio mexicano.
En 2021, México inició un litigio en Massachusetts, acusando directamente a los fabricantes de armas; en 2022, presentó otro caso en Arizona contra vendedores y distribuidores de armamento, cuya audiencia se reanudará el 22 de febrero; además, en 2022 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) una opinión sobre las afectaciones a las garantías individuales causadas por las prácticas negligentes de productores y comerciantes de armas estadounidenses.
La corte en Massachusetts determinó que el gobierno mexicano puede seguir adelante con su primera demanda, dirigida contra ocho empresas estadounidenses a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos sabiendo que serán exportadas ilegalmente a México, contribuyendo directamente a la violencia.
Con esta denuncia, México busca una indemnización de 15 mil millones de dólares por los estragos causados por lo que considera prácticas comerciales negligentes de las empresas Smith & Wesson Brands Inc, Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Company LLC, Glock Inc; Sturm, Ruger & Co; Century International Arms Inc y Witmer Public Safety Group.
En cuanto a la segunda demanda, la corte de distrito para Arizona notificó a la SRE que el 22 de febrero se llevará a cabo la audiencia para presentar argumentos orales ante la jueza Rosemary Márquez. En esta segunda demanda, México centra sus acusaciones en la negligencia de puntos directos de venta de armamento.
El tercer caso, presentado en noviembre de 2022 ante la Coridh, busca obtener orientación sobre cómo la Convención Americana protege a las personas frente a la violencia armada, destacando la protección frente a las prácticas de la industria de las armas, que a menudo quedan impunes debido a la falta de recursos efectivos para buscar la reparación de los daños. Se espera que la Coridh se pronuncie en los próximos meses después de haber convocado a las partes interesadas para presentar observaciones en noviembre pasado durante su 156 periodo ordinario de sesiones.
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