Ecuador se encuentra en estado de conmoción después de que un grupo de individuos armados y encapuchados irrumpiera en el set de TC Televisión en Guayaquil el martes, tomando como rehenes a periodistas y otros empleados, en un incidente que ha captado la atención mundial.
Durante la transmisión en vivo, un joven apuntaba con una escopeta al periodista José Luis Calderón, mientras, a unos 3 kilómetros de distancia, otro grupo amenazaba con violencia a maestros y estudiantes en la sede de la Universidad de Guayaquil. Los eventos caóticos se extendían a las afueras de ambos lugares, con grupos armados incendiando vehículos mientras la población intentaba escapar. En respuesta, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden y declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en el país.
La medida del presidente sigue a la declaración de estado de excepción el lunes, después de graves incidentes en seis cárceles, incluyendo secuestros de policías y fugas de líderes criminales. Ecuador ha experimentado una creciente crisis de seguridad en los últimos tres años, alcanzando un récord histórico de 7,878 homicidios en 2023, con apenas 584 casos resueltos. La declaración de conflicto armado interno plantea preguntas sobre su significado y las posibles implicaciones para el país.
Condiciones de un conflicto armado
Según las normas del derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno se caracteriza por la presencia de violencia en un Estado, donde se desarrollan enfrentamientos prolongados entre las fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados. Para determinar la existencia de dicho conflicto, el derecho internacional humanitario establece condiciones específicas.
Varios soldados salieron a las calles en vehículos blindados después de que el presidente de Ecuador declara un “conflicto armado interno”.
Es posible argumentar que numerosas bandas criminales operativas en Ecuador presentan estructuras bien organizadas. Más de 20 de estas bandas han fortalecido su poder en los últimos años, principalmente debido a los considerables ingresos generados por el tráfico de drogas.
Ecuador ha emergido como un centro regional crucial para el almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas ilícitas. Estas bandas establecen sus principales centros de mando y operaciones en las cárceles, manteniendo vínculos con los grandes carteles de la droga en México y Colombia.
Adicionalmente, estas bandas compiten por el control de diversos sectores del país, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
Un asunto que causa debate
En agosto del año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo, un crimen que aún no ha sido esclarecido, pero que muchos analistas relacionan con el aumento de estas bandas.
El analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga sugiere que estos crímenes buscan condicionar al poder político y demostrar que, en gran medida, las bandas tienen control en el país.
Edward Pérez, experto en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la University College de Londres, comenta que en Ecuador no está claro si el conflicto alcanza el nivel de intensidad ni si es lo suficientemente prolongado como para considerarse un conflicto armado interno.
Comparando la situación con otros casos en América Latina, Pérez menciona que en conflictos como el de Perú contra el Sendero Luminoso o la guerra de Colombia contra las FARC, la existencia de conflictos armados internos no estaba en disputa, ya que eran estructuras organizadas con fines políticos y enfrentaron conflictos prolongados.
Agentes de la Policía Nacional de Ecuador patrullando la estación de metro de San Francisco en Quito, el 10 de enero de 2024.
Pérez compara la situación ecuatoriana más con la de México, donde la disputa contra los carteles de Sinaloa y Jalisco se presentó como una guerra contra las drogas, pero el gobierno sostuvo que no había un conflicto armado interno, considerándolo más una retórica.
La abogada ecuatoriana María José Mogrovejo, especialista en Derecho Constitucional, argumenta que en Ecuador existen las condiciones para considerar un conflicto armado interno, señalando la prolongación e intensidad de la situación actual. Afirma que el gobierno ha perdido el control del territorio ecuatoriano y necesita la intervención de las Fuerzas Armadas.
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