El organismo ha hecho públicos los documentos que ya habían sido mencionados previamente en los informes del GIEI. Los expertos en el grupo creen que existen más de 800 documentos que aún no se han entregado. La incertidumbre actual recae en lo que la Fiscalía ha hecho con esta información.
La Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa ha divulgado una serie de documentos de espionaje militar relacionados con el monitoreo militar de la red criminal en Iguala durante el ataque a los estudiantes normalistas y la desaparición de los 43. Estos documentos ya eran conocidos por los equipos de investigación, particularmente el GIEI, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los menciona en varios de sus informes. Sin embargo, ahora la comisión ha publicado su contenido completo.
Este conjunto de documentos, un total de 18, no son los que las familias y el GIEI han estado solicitando en sus reuniones con el presidente López Obrador y la comisión, especialmente el responsable, Alejandro Encinas. Los documentos que se han liberado eran conocidos por las familias de los 43, ya que habían sido incluidos en los informes del GIEI desde febrero de 2022.
La demanda persiste: la entrega de otros 800 documentos, muchos de los cuales datan del día del ataque, el 26 de septiembre de 2014, y los días inmediatamente posteriores. En cualquier caso, los 18 documentos recién publicados revelan la extensa vigilancia de las comunicaciones realizada por el Ejército a numerosas personas.
La decisión de Encinas y la comisión de hacer públicos estos documentos tiene implicaciones políticas. Ocurre en un momento en el que las declaraciones de López Obrador sobre la actuación del Ejército están siendo cuestionadas. Ante las quejas de las familias acerca de la falta de transparencia del Ejército, el presidente ha insistido en repetidas ocasiones que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha proporcionado toda la información que posee sobre el caso Ayotzinapa. No obstante, con la publicación de estos documentos, Encinas sugiere que el Ejército podría tener más información relevante.
La divulgación de estos documentos también arroja luz sobre la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente sobre la unidad especial encargada del caso Ayotzinapa (UEILCA), dirigida por el abogado Rosendo Gómez Piedra. La pregunta que se plantea ahora es qué ha hecho la UEILCA en el último año y medio con esta información.
Las familias, el GIEI y la comisión comparten una lógica innegable en lo que respecta a la información que podría aún estar en posesión del Ejército. Los documentos publicados muestran que el centro de espionaje del Ejército en Iguala vigilaba a numerosos actores criminales en la región en el momento del ataque, como se evidencia en el paquete de documentos de la comisión. Esto no es nuevo, ya que en octubre de 2021, la comisión publicó dos documentos encontrados por Encinas en la “Sección Segunda de Inteligencia” de la Sedena. Ambos documentos muestran intercambios de mensajes entre algunos de estos actores, algunos de los cuales eran autoridades y otros, presuntos miembros de Guerreros Unidos, una organización criminal importante en la zona en ese momento.
Uno de estos documentos, en particular, una conversación interceptada entre alias Gil, presunto líder regional de Guerreros Unidos, y Francisco o Ignacio Valladares, una autoridad regional, el mismo día del ataque, menciona a 17 de los 43 estudiantes retenidos en una cueva. La investigación posterior del GIEI indicó que estos documentos de octubre de 2021 eran solo una parte de un conjunto mayor, que podría contener más documentos y versiones más extensas de los dos documentos conocidos. Los documentos publicados recientemente demuestran que hay más información disponible.
Las investigaciones del GIEI y la comisión también han señalado que el centro de espionaje militar numeraba los documentos que producía. Al examinar los documentos publicados, es evidente que falta una cantidad significativa de ellos. En el paquete divulgado por la comisión, los documentos se identifican con nombres como “CRFI 1202”, “CRFI 1203” y “CRFI 1204”, relacionados con comunicaciones interceptadas el 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, el siguiente documento es “CRFI 1212” del 28 de septiembre. Esto plantea la pregunta sobre el paradero de los siete documentos anteriores y por qué el Ejército no los ha encontrado o entregado.
Familiares de los normalistas desaparecidos marchan el pasado 26 de septiembre en Ciudad de México. Nayeli Cruz
Las familias y los equipos de investigación no están haciendo demandas sin fundamento. Los documentos faltantes podrían contener información que complemente, explique o amplíe la información que se encuentra en los documentos conocidos. Por ejemplo, podrían contener nuevas conversaciones entre los cuatro actores mencionados en los documentos de octubre de 2021 o versiones más completas de esas conversaciones, lo que podría proporcionar nuevas pistas sobre el grupo de 17 estudiantes mencionados en uno de los documentos.
Otra posibilidad es que los documentos faltantes contengan análisis de llamadas telefónicas interceptadas, algo que no se conocía previamente. Estas llamadas pueden ser difíciles de interpretar sin el contexto adecuado, y es posible que los documentos faltantes ayuden a aclarar su significado. La comisión destaca este punto en su informe, especialmente en referencia a una conversación telefónica en el documento “CRFI 1203” del 27 de septiembre. La conversación menciona a dos de los actores clave de Guerreros Unidos, El Tilo y El Loco de Santa Teresa, pero su contenido resulta confuso cuando se saca de contexto. Los documentos faltantes podrían arrojar luz sobre estas conversaciones y facilitar una investigación más exhaustiva por parte de la Fiscalía.
En resumen, la publicación de estos documentos plantea importantes preguntas sobre lo que el Ejército sabe y no ha revelado, así como sobre el papel de la Fiscalía en la investigación del caso Ayotzinapa.
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