La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, el jueves 7 de abril de 2022, que quedará vigente la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía sobre las empresas privadas.
Pese a que la mayoría de los ministros de la Corte consideraron que los artículos centrales de la Ley son contrarios a la Constitución, la norma se mantiene vigente porque no se alcanzó la votación necesaria para invalidarla.
Los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz y Arturo Zaldívar se pronunciaron por el fortalecimiento de la CFE.
“La intención del legislador fue garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico a través de, entre otras medidas, el fortalecimiento de la CFE, sin duda alguna contar con un acceso confiable, seguro y continuo al servicio de la energía eléctrica. No solo es un fin constitucionalmente válido, sino que se trata, incluso, de un fin constitucionalmente imperioso. Garantizar la continuidad y la seguridad en el servicio público de energía eléctrica es una condición necesaria para el ejercicio de muchísimos derechos fundamentales”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Los senadores de oposición, que presentaron la acción de inconstitucionalidad, alegaron que la ley transgrede la libre competencia, propicia el monopolio del mercado eléctrico y discrimina la generación y despacho de energías limpias.
“No debemos suponer conjeturas sobre la viabilidad económico-medioambiental de la aplicación de las normas reclamadas, pues para mí, lo relevante, es que los productores privados tienen la posibilidad de seguir participando en el mercado eléctrico, seguramente con un nuevo plan de negocios, como sucede en todo el mundo empresarial, porque la Constitución nunca dispuso que los particulares tuvieran una jugosa tasa de retorno, así como un sencillo retorno de su inversión y, en cambio, en lo que sí fue muy claro el constituyente fue que en la legislación secundaria debería garantizar el objeto de la CFE que fuera la creación del valor económico en beneficio de los mexicanos”, aseveró la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El resto de los ministros consideraron que las modificaciones son contrarias a la reforma constitucional de 2013, que abrió el mercado eléctrico en materia de distribución y comercialización al sector privado.
“No me resulta ajeno el extendido debate que existe sobre los cuestionamientos, bondades o prejuicios de aquella llamada reforma energética, sin embargo, en este sentido nuestro papel no es cuestionar a la Constitución, porque ello desdibujaría nuestro quehacer como sus intérpretes. Lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos nosotros la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites. Esta sede es el Congreso”, puntualizó la ministra Margarita Ríos.
Los ministros consideraron que la Ley no vulnera los tratados internacionales como el T-Mec, ni el derecho al medio ambiente.
Luego de casi seis horas de sesión, concluyeron el análisis del primero de tres recursos presentados contra la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en 2021, y se citó hasta el 18 de abril para continuar con la revisión de los asuntos faltantes.
Con información de medios nacionales
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