Fecha de hoy22 noviembre, 2024

Piden lista de niños inmigrantes

Un juez federal que ordenó la reunificación de familias migrantes separadas en la frontera sur de Estados Unidos pidió al Gobierno que entregue una lista de cerca de un centenar de niños de cinco años que fueron alejados de sus padres.

En un juzgado federal en San Diego, California, el magistrado Dana Sabraw ordenó al Departamento de Justicia que entregue una lista de los 101 menores de menos de 5 años separados de sus padres a más tardar el sábado por la tarde, y que detalle las razones por las que algunos de ellos no podrían reunirse con sus progenitores antes de la fecha límite del 10 de julio.

Ambas partes regresarán a la corte el lunes próximo y para entonces se espera el juez, una vez con la lista entregada, determine si concede o no la extensión del plazo solicitada anoche por el Gobierno para reunir a estos menores.

El magistrado consideró que por el momento no tiene la información suficiente para emitir una resolución sobre el pedido de ampliación de plazo, y de ahí la necesidad de la lista.

A finales de junio, Sabraw ordenó que los niños menores de 5 años debían volver con sus padres antes del 10 de julio y estableció que el resto debían reunirse con sus familiares antes del 26 de julio.

De ese centenar niños, salvo en 16 casos, a la mayoría ya se han identificado a sus padres, según datos ofrecidos en la audiencia de hoy por Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia.

Agregó que, de 86 padres de esos menores, 46 se hallan aún bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que 19 han sido puestos en libertad durante sus procesos y otros 19 padres han sido deportados a sus países de origen.

El juez precisó que los padres que ya han sido repatriados formen parte de la decisión emitida por la corte.

“Es absurdo que hayan separado a un niño pequeño de su padre y que no tengan la información completa sobre la familia”, declaró al término de la audiencia el abogado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.

“No creemos que deba haber una extensión a la fecha límite, la corte está de acuerdo, no estaba inclinada a extender la fecha límite salvo que el Gobierno pueda dar información concreta sobre porqué algunas familias no podrían reunirse para entonces”, agregó el abogado.

La ACLU interpuso una demanda colectiva para frenar la práctica de la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México y garantizar la reunificación de todos los padres inmigrantes con sus hijos.

Sabraw ha señalado con anterioridad que la situación ha alcanzado “un nivel de crisis”.

La separación de familias es fruto de la política “tolerancia cero” que comenzó a implementar oficialmente en abril el Ejecutivo y que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, lo que originó la separación de los niños, puesto que ellos no podían ser privados de libertad.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.
Esta semana, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Alex Azar, explicó a la prensa que bajo custodia de su departamento hay actualmente “algo menos de 3 mil” menores, entre los que se incluyen unos 100 de menos de cinco años.

Durante la audiencia, representantes de ACLU manifestaron al juez que de tener la lista podrían colaborar con el Gobierno en lo que necesiten para agilizar la reunificación de las familias afectadas.

El Gobierno reiteró que por ley necesitan garantizar el bienestar del menor y por ello, no podrían cumplir con la fecha establecida por la corte de no tener confirmación de pruebas de ADN, pero ACLU se mostró inconforme con esta estrategia de reconocimiento salvo que sea utilizada como “último recurso”.

Actualmente, en el país, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el Gobierno de Trump ha pedido a la Justicia que también amplíe ese límite.

Con información de EFE

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